El TSJC desestima una reclamación de 17 millones de euros contra el Ayuntamiento de Telde por el caso Aguadulce

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado íntegramente el recurso de responsabilidad patrimonial interpuesto por varias empresas contra el Ayuntamiento de Telde y el Gobierno de Canarias, que reclamaban 17.038.711,37 euros por los perjuicios que atribuían a la anulación judicial del Plan Parcial del sector SUSNO 10-B Aguadulce y de los instrumentos urbanísticos asociados.

La reclamación fue interpuesta por Félix Santiago Machín Hernández, en representación de Autos Machín S.L., Inversiones Inmobiliarias Félix Machín S.A., Fepeti S.A. y Femara Telde S.L. Las mercantiles solicitaban una indemnización por los daños que consideraban derivados de la nulidad del planeamiento, incluyendo adquisición de suelo, gastos de desarrollo urbanístico, costes financieros e intereses, hasta alcanzar la cifra total reclamada.

El tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de las administraciones. La Sala señala la insuficiencia de la prueba aportada para acreditar determinados perjuicios económicos y la ausencia de documentación suficiente respecto de una parte sustancial de los gastos financieros reclamados.

La resolución concluye que el desarrollo de una actuación urbanística comporta riesgos que asume quien la promueve y que la posterior anulación de un instrumento de planeamiento no genera automáticamente un derecho a indemnización. El tribunal descarta que existiera una actuación arbitraria o manifiestamente ilegal de la Administración y señala que durante la tramitación existieron condicionantes técnicos, informes y circunstancias que evidenciaban la incertidumbre propia del proceso urbanístico.

El fallo desestima íntegramente el recurso, declara conforme a Derecho la actuación administrativa impugnada y determina que no procede declarar responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Telde ni de la Comunidad Autónoma. Además, impone las costas procesales a la parte recurrente, con un límite máximo de 5.000 euros. Contra la sentencia cabe recurso de casación en los términos legalmente previstos.

El Ayuntamiento de Telde ha informado de que, antes de este pronunciamiento, había defendido más de 15,5 millones de euros frente a reclamaciones relacionadas con el servicio municipal de limpieza, los aparcamientos subterráneos de San Gregorio, cuestiones urbanísticas, la antigua gasolinera de Las Remudas y la concesión del Polideportivo Paco Artiles. Con la reclamación de 17,03 millones ahora desestimada, el total de pretensiones económicas rechazadas por los tribunales y comunicadas por el Consistorio en los últimos meses supera los 32,6 millones de euros.

Entre esos precedentes figuran la desestimación de una reclamación de 6,55 millones de euros por los aparcamientos subterráneos de San Gregorio, otra superior a 5,3 millones vinculada al contrato del servicio municipal de limpieza, una reclamación urbanística de más de 821.000 euros y otra de 2,48 millones de euros formulada por Repsol por el cierre de la antigua estación de servicio de Las Remudas.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, afirmó que la sentencia «es una noticia de enorme importancia para la ciudad, no solo por los más de 17 millones de euros que estaban en juego, sino porque vuelve a demostrar que el Ayuntamiento está defendiendo con rigor, responsabilidad y solvencia jurídica los intereses generales de Telde». Peña señaló que «cuando hablamos de estas cantidades estamos hablando del patrimonio de todos los teldenses. Son recursos que sostienen los servicios públicos, las inversiones, las obras en los barrios y el funcionamiento diario de nuestra ciudad», y añadió que «no estamos ante un hecho aislado. Son ya numerosos procedimientos complejos en los que la Justicia está respaldando las posiciones defendidas por el Ayuntamiento». El alcalde también agradeció el trabajo de la Asesoría Jurídica y del conjunto de técnicos y empleados públicos que intervienen en estos expedientes.

El concejal de Asesoría Jurídica, Juan Francisco Jiménez, señaló que la sentencia «vuelve a poner de manifiesto la importancia de contar con una defensa jurídica seria, rigurosa y coordinada». Jiménez explicó que «estamos hablando de una reclamación superior a los 17 millones de euros, una cantidad que por sí sola permite entender la trascendencia del procedimiento para el Ayuntamiento», y añadió que esta resolución se suma «a una cadena de pronunciamientos favorables que está permitiendo proteger decenas de millones de euros de las arcas municipales». El edil indicó que «cada sentencia tiene sus circunstancias y debe analizarse individualmente, pero el conjunto refleja una línea de trabajo: estudiar los expedientes en profundidad, defender técnicamente las posiciones municipales y acudir a los tribunales con argumentos sólidos cuando entendemos que está en juego el interés general».