Canarias ha alcanzado una puntuación de 6,35 puntos en el Índice DEC, escalando hasta el cuarto puesto de España, solo por detrás del País Vasco, Castilla y León y Navarra, según los datos elaborados por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
La puntuación supone un incremento de casi un punto respecto al ejercicio anterior y refleja una transformación estructural sin precedentes en el sistema canario de servicios sociales.
Por primera vez, la inversión por habitante en servicios sociales supera la media estatal, con un incremento del 17% en apenas un año, pasando de 619,3 euros a 724,3 euros por ciudadano. El peso de las políticas sociales dentro del presupuesto público global autonómico aumentó hasta el 13,45% (frente al 10,40% de la media nacional), lo que representa el 2,79% del PIB canario.
Canarias registra la máxima puntuación estatal con 245,5 plazas de alojamiento por cada 100.000 habitantes, una cifra que triplica la media del país (86,4 plazas). En atención a mujeres con orden de protección, ofrece 22,9 plazas de acogida por cada 100 mujeres, frente a las 16,2 del promedio estatal.
La cobertura de plazas diurnas para personas mayores de 75 años alcanza el 3,15% frente al 2,19% nacional. En el Servicio de Ayuda a Domicilio para este colectivo, Canarias registra un 12,11% de cobertura frente al 11,97% nacional, con una intensidad media de 24 horas mensuales (23,8 horas en el conjunto del Estado).
En rentas mínimas de inserción, la intensidad de la ayuda es superior, con el 16,9% de la renta media en el Archipiélago frente al 14,5% estatal.
El acogimiento familiar constituye el 54% del total de los acogimientos, superando el 51,8% nacional a pesar del contexto de sobresaturación del territorio.
El informe otorga la máxima puntuación al modelo canario en esfuerzo económico (10 sobre 10) «gracias al fuerte arraigo territorial y al protagonismo coordinado con los cabildos e instituciones locales», aunque insta a la mejor coordinación del sistema.
Aunque Canarias sigue registrando una carencia de plazas residenciales, el Gobierno tiene la intención de revertir esta situación una vez que se ponga en marcha el III Plan de Infraestructuras, cuya última reunión de coordinación tuvo lugar con todos los cabildos de las islas.
El informe reconoce que muchos de los datos utilizados corresponden a 2024 y solo parte de ellos a 2025. En el caso de la teleasistencia, la cobertura registrada en el documento es baja, mientras que a día de hoy existen ya casi 15.000 personas con este servicio.
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