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El Cabildo de Gran Canaria respalda por unanimidad la adaptación del control pesquero europeo a las singularidades de la flota artesanal canaria.

El Pleno insular ha aprobado una moción respaldada por Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista y el PSOE que reclama flexibilizar el uso del Diario Electrónico de A Bordo (DEA) en embarcaciones de entre 12 y 15 metros.

La Corporación defiende los objetivos de control y trazabilidad de la normativa europea, pero pide que su aplicación sea proporcional y no comprometa la seguridad de los pescadores.

El acuerdo insta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a desarrollar la aplicación del Reglamento europeo 2023/2842 atendiendo a principios de proporcionalidad, buena administración y protección de la seguridad marítima, adaptando las obligaciones a las particularidades de las embarcaciones artesanales de menos de 15 metros.

La flota canaria está formada mayoritariamente por embarcaciones inferiores a doce metros, gestionadas por pequeñas empresas familiares y con uno o dos tripulantes. Su actividad se caracteriza por jornadas diarias, pesca selectiva y captura de numerosas especies en cantidades reducidas.

El uso del DEA puede implicar hasta ocho comunicaciones electrónicas por marea, desde la salida del puerto hasta la declaración de desembarque, lo que exige realizar tareas administrativas desde un ordenador portátil en el puente mientras se navega.

El Cabildo considera especialmente relevante que las exigencias de control no generen nuevas situaciones de riesgo en el mar, donde los pescadores deben compatibilizar la navegación y las maniobras pesqueras con el cumplimiento de las nuevas obligaciones.

Entre las alternativas propuestas se encuentra permitir sistemas diferentes al VMS en embarcaciones de menos de 15 metros, posibilitar la declaración de capturas provisionalmente en el lugar de atraque y autorizar el uso de la aplicación iPesca para la geolocalización.

La petición se enmarca en la condición de Canarias como Región Ultraperiférica, que permite adoptar medidas específicas para atender limitaciones derivadas de factores como la insularidad o la lejanía.

El acuerdo será trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Secretaría General de Pesca, el Ministerio de Transportes, el Gobierno y el Parlamento de Canarias, la Comisión Europea y las federaciones de pescadores implicadas.

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