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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, reclamó hoy en Madrid un tratamiento específico para el sector primario de las regiones ultraperiféricas en el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, durante los Consejos Consultivos de Política Pesquera y Agrícola celebrados en el Ministerio de Agricultura.

Quintero valoró la nueva visión estratégica para las regiones ultraperiféricas presentada la semana pasada por la Comisión Europea, pero demandó que sus planteamientos tengan un reflejo real en el futuro presupuesto, la regulación europea y el mantenimiento de instrumentos específicos que compensen las condiciones en las que producen agricultores, ganaderos y pescadores canarios.

Durante las reuniones presididas por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, Canarias defendió ante el resto de comunidades autónomas que la nueva arquitectura presupuestaria europea reconozca y compense de forma efectiva las condiciones derivadas de la lejanía, la insularidad, la fragmentación territorial y la reducida dimensión de las explotaciones y de los mercados, factores que repercuten en los costes de producción por mayor gasto en transporte, energía, insumos y comercialización.

Quintero destacó que la posición de Canarias se sustenta en la aplicación efectiva del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, el mantenimiento de instrumentos europeos diferenciados, una financiación suficiente y estable, y la participación directa de las regiones ultraperiféricas en las decisiones que afectan a sus sectores productivos.

En materia agraria, Canarias reclama mantener el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) como un instrumento específico, autónomo y diferenciado para las regiones ultraperiféricas, con una ficha financiera europea propia, estable y actualizada. El POSEI debe permanecer al margen de los futuros Planes Nacionales y Regionales de Asociación y conservar su actual sistema de programación, gestión y aprobación por parte de la Comisión Europea.

El ministro Planas respalló durante su intervención que el Reglamento del POSEI es muy importante para Canarias y debe financiarse fuera de las cantidades asignadas a los Estados miembros, postura que cuenta también con el apoyo de los gobiernos portugués y francés.

Quintero destacó la necesidad de garantizar la participación real y estructurada de Canarias en aquellas cuestiones que afecten al programa de ayudas y la importancia de mantener intervenciones como las agroambientales del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), cuya dotación el Ejecutivo incrementó de 3 a 8 millones de euros para respaldar una actividad que contribuye a conservar el suelo, la biodiversidad y el paisaje agrario.

El relevo generacional constituye una de las prioridades del Gobierno canario, que defiende el mantenimiento de un paquete integral para jóvenes con ayudas a la incorporación y apoyo a las inversiones, que contemple formación y asesoramiento, facilite el acceso a la tecnología y apueste por la simplificación de procedimientos. Este paquete debería adaptarse a las dificultades de acceso a la tierra, los mayores costes actuales y las limitaciones para alcanzar economías de escala en Canarias.

En el ámbito pesquero, Canarias aboga por un POSEI específico para la pesca o, al menos, por la reforma del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), con el fin de atender las características de la flota artesanal y del tejido empresarial de las regiones ultraperiféricas.

Las propuestas de las Islas incluyen la revisión de los criterios utilizados para determinar el equilibrio entre la capacidad de la flota y las posibilidades de pesca. El sistema actual puede dejar fuera de las ayudas a determinados segmentos de las flotas de las regiones ultraperiféricas por la aplicación de métodos que no reflejan adecuadamente sus características.

Canarias plantea eliminar la rigidez de los límites establecidos para destinar fondos a la compensación de sobrecostes, de manera que cada región ultraperiférica pudiera distribuir sus recursos entre compensaciones e inversiones de acuerdo con sus necesidades reales.

Otra de las peticiones es la actualización del cálculo de los sobrecostes. La metodología debe incorporar la evolución de los gastos de transporte, abastecimiento e insumos, cuyo impacto resulta especialmente elevado en territorios alejados del continente.

Se propone también facilitar el acceso de las pequeñas empresas a estas ayudas y simplificar su gestión mediante mayores anticipos, menos carga burocrática y una reducción de los plazos de abono. El 95 % de las empresas pesqueras de Canarias son microempresas, circunstancia que limita su capacidad para prefinanciar actuaciones hasta recibir los fondos europeos.

Respecto a la Política Pesquera Común, las aportaciones de Canarias se centran en flexibilizar las condiciones para fomentar la modernización y renovación de la flota artesanal cuando las actuaciones estén dirigidas a mejorar la seguridad laboral o la eficiencia energética sin incrementar el esfuerzo pesquero.

Esta adaptación permitiría revisar las restricciones relacionadas con el arqueo, la potencia de los motores y el régimen de entrada y salida de capacidad. El objetivo es evitar que las reglas actuales obstaculicen actuaciones necesarias para mejorar la seguridad y avanzar en la transición energética.

El relevo generacional requiere, además, modificar las condiciones aplicables a la primera adquisición de embarcaciones por jóvenes. Los requisitos relativos a la antigüedad de los buques y la escasez del mercado de segunda mano en las islas reducen las posibilidades de incorporación a la actividad.

Quintero afirmó que «la conservación de los recursos es compatible con la modernización de una flota envejecida. Mejorar la seguridad, las condiciones de trabajo y la eficiencia de las embarcaciones resulta esencial para garantizar la continuidad del sector y hacerlo atractivo para los jóvenes».

El Gobierno de Canarias continuará trabajando, en el marco de la estrategia iniciada hace casi tres años, con los agentes del sector, el resto de las regiones ultraperiféricas, los Estados miembros y las instituciones europeas para que estas propuestas se incorporen al Marco Financiero Plurianual mientras permanezcan abiertas las negociaciones.

Quintero concluyó que «un tratamiento diferenciado permitirá mantener la producción local, reforzar la seguridad alimentaria en un contexto internacional especialmente cambiante y sostener la actividad económica y el empleo en las comunidades rurales y costeras del Archipiélago».

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