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La consejera de Bienestar Social analizó en el Parlamento los informes que confirman mejoras en servicios sociales y reducción de la pobreza en Canarias.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha destacado en el Pleno del Parlamento de Canarias el avance del Sistema Público de Servicios Sociales del Archipiélago, que ocupa la cuarta posición entre las comunidades autónomas en el informe independiente Índice DEC 2025, frente al último puesto que ocupaba en 2012.

El Índice DEC 2025 otorga a Canarias 6,35 puntos y refleja el esfuerzo económico de las administraciones públicas en materia social. El gasto consolidado de la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos alcanza los 724,3 euros por habitante, frente a los 575,1 euros de media estatal.

La Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios 2025, elaborada por el ISTAC, muestra que el porcentaje de población bajo el umbral de riesgo de pobreza ha pasado del 20,5% en 2022 al 17,6% en 2025. El ingreso medio mensual de los hogares ha aumentado un 19%, desde los 2.321 hasta los 2.755 euros, mientras que el ingreso medio por persona ha pasado de 891 a 1.061 euros mensuales.

No obstante, la consejera ha advertido de que estos avances conviven con situaciones de vulnerabilidad, como la carencia material y social severa que afecta al 12,7% de la población, el riesgo de pobreza en el 37% de los hogares monoparentales y la dificultad para llegar a final de mes en seis de cada diez hogares.

Delgado ha señalado que el tiempo medio de tramitación se ha reducido de los 782 días en julio de 2023 a 214 días en septiembre de 2026, lo que supone una disminución del 73%. Asimismo, ha destacado los avances en Discapacidad, con 57.184 resoluciones durante la legislatura, y la reducción de la lista de espera en Tenerife y Gran Canaria en un 70% en los últimos tres años.

Los expedientes pendientes de reconocimiento de la Renta Canaria de Ciudadanía han pasado de 7.537 en 2023 a alrededor de 1.400 en la actualidad, con un tiempo medio de resolución de siete meses.

La consejera ha relacionado estos avances con el refuerzo y la descentralización de equipos, la simplificación de procedimientos, la incorporación de trámites no presenciales y el uso de herramientas de automatización.

Delgado ha concluido que los indicadores positivos no deben ocultar las dificultades sociales que persisten, del mismo modo que estas no impiden reconocer los avances registrados en el sistema público.

Entre las prioridades de los próximos meses figuran la reducción de los tiempos de espera, la extensión de los servicios domiciliarios y comunitarios, la protección de los hogares más vulnerables, el sostenimiento de la red municipal, la colaboración con el tercer sector, la modernización de la gestión y la reducción de las diferencias territoriales en el acceso a las prestaciones.

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