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El Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Urbanismo dirigida por María Lozano Lordán, trabaja entre los meses de octubre y noviembre en la primera corrección de errores del Plan General de Ordenación Supletorio, aprobado en 2019, con el objetivo de revisar la documentación y subsanar incidencias materiales, de hecho o aritméticas.

Desde el inicio de los trabajos a principios de agosto, se han detectado un centenar de errores repartidos a lo largo del documento urbanístico, del cual dependen buena parte de las decisiones que se adoptan en el municipio.

¿Qué implica la rectificación del planeamiento?

La corrección de errores no supone una alteración del fondo del Plan General aprobado, sino la enmienda de equivocaciones surgidas durante su elaboración, tales como cifras mal trasladadas, referencias incorrectas, superficies que no coinciden con las operaciones matemáticas, claves urbanísticas erróneas o elementos gráficos desacordes con lo aprobado.

La concejal explica que, si la documentación permite demostrar de forma clara la voluntad aprobada inicialmente, se procede a su rectificación. Si el propósito fuera cambiar lo aprobado porque se considera diferente ahora, se trataría de una modificación del Plan General y no de una simple corrección.

Fases de revisión y previsión de futuras modificaciones

Las labores de la Concejalía se basan en esta distinción, analizando cada incidencia de forma individual mediante la revisión de los expedientes originales, acuerdos, documentación técnica, planos y fichas antecedentes.

En Canarias, la Ley 4/2017 ampara la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos de los instrumentos de planeamiento sin necesidad de tramitar un procedimiento de modificación, siempre que no constituyan una nueva decisión sobre la ordenación.

Paralelamente, la Concejalía de Urbanismo prepara una segunda fase de revisión más amplia para tramitar modificaciones menores de carácter no sustancial, garantizando que las cuestiones que no sean errores materiales también reciban tramitación.

El objetivo final, según Lozano Lordán, es avanzar hacia un planeamiento más claro, actualizado y con mayor seguridad jurídica, facilitando que residentes, propietarios y técnicos conozcan con exactitud los parámetros urbanísticos vigentes sin confusiones.

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