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El Gobierno de Canarias ha abierto el proceso de participación pública para elaborar el nuevo Reglamento Integrado del Dominio Público Hidráulico, una norma que reunirá en un único texto la regulación autonómica sobre dominio público hidráulico, control de vertidos y régimen sancionador en materia de aguas.

El anuncio fue publicado hoy, 17 de septiembre, en el Boletín Oficial de Canarias. El plazo para participar es de un mes, superior a los siete días previstos para procedimientos de urgencia, y permitirá ampliar la participación en una norma que supera los 350 artículos y sus anexos técnicos.

La propuesta integrará la regulación actualmente dispersa principalmente entre tres reglamentos aprobados en 1993, 1994 y 2002. El nuevo texto sustituirá e integrará el Decreto 86/2002 sobre Dominio Público Hidráulico, el Decreto 174/1994 que regula el control de vertidos para la protección del dominio público hidráulico, y el Decreto 276/1993 sobre régimen sancionador en materia de aguas.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, señaló que el objetivo es contar con «un marco único, más claro y adaptado a la realidad actual de Canarias, que permita gestionar mejor el dominio público hidráulico, proteger nuestros recursos y ofrecer mayor seguridad jurídica a ciudadanos, administraciones y usuarios del agua».

El director general de Aguas, José García Leal, destacó que la revisión «va más allá de reunir en un único texto normas que hasta ahora estaban dispersas» y que «el objetivo es disponer de una herramienta normativa que responda a cómo se gestiona hoy el agua en Canarias». Añadió que esta actualización permitirá «poner al día la regulación canaria en relación con las exigencias y normativas europeas en materia de agua y protección ambiental».

El borrador aborda materias como la organización y competencias de las administraciones, la protección de cauces y aguas subterráneas, la desalación, las comunidades de usuarios, vertidos y depuración, reutilización y regeneración del agua, obras hidráulicas, inspección, régimen sancionador, registro, gestión de datos y digitalización de procedimientos.

Entre las cuestiones que se someterán a debate figuran la delimitación y protección de cauces, zonas inundables, gestión de galerías y pozos, salinización y salmueras, producción industrial de agua, microcontaminantes y PFAS, reutilización de agua regenerada, seguridad de presas y balsas, y actualización del régimen de infracciones y sanciones.

Las aportaciones podrán presentarse durante un mes a través del Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias o por los medios previstos legalmente. De forma paralela se desarrollará el proceso de participación sectorial.

Esta fase llega después de una primera consulta pública previa desarrollada entre el 6 y el 25 de marzo, durante la cual se recibieron 17 aportaciones que fueron admitidas y valoradas para su consideración en la elaboración del borrador.

Una vez finalizadas las fases de información pública, audiencia, consultas y participación activa, el Gobierno elaborará un informe integrador de todas las aportaciones recibidas, que servirá de base para la redacción definitiva del Proyecto de Decreto por el que se aprobará el nuevo Reglamento.

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