La extrema derecha europea gana influencia política al converger con sectores antisistema

El «rojopardismo» —la convergencia entre extrema izquierda y extrema derecha en torno a discursos comunes— representa una amenaza creciente para los consensos democráticos europeos, advierte Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en un análisis de la evolución política del continente.

El término «rojopardismo», procedente del alemán «Rot-Braun-Allianz» (alianza roja-parda), describe una coincidencia cada vez más frecuente entre sectores de extrema izquierda y extrema derecha en torno a un mismo repertorio de discursos y, ocasionalmente, de votos. No se trata de una fusión ideológica, sino de la erosión compartida de los consensos que sostienen la democracia liberal europea desde 1945.

Alemania ofrece el ejemplo más evidente. El Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), escindido de Die Linke, combina reivindicaciones históricas de la izquierda —justicia social, crítica al poder económico— con posiciones tradicionalmente exclusivas de la extrema derecha: rechazo a un sistema europeo de defensa propio, escepticismo ante las sanciones a Rusia y discurso antiinmigración. En Sajonia y Turingia se han registrado coincidencias de voto entre el BSW y Alternativa para Alemania (AfD) en mociones concretas, grietas en lo que parecía un cordón sanitario inquebrantable.

Las elecciones del 6 de septiembre en Sajonia-Anhalt supusieron un terremoto político. La AfD obtuvo alrededor del 44% de los votos y 39 de los 83 escaños, a solo tres de la mayoría absoluta. El dato más inquietante es el posible papel del BSW en facilitar un gobierno de la extrema derecha, lo que podría romper el cordón sanitario e inaugurar una alianza tácita sin precedentes en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.

La trascendencia va más allá de Sajonia-Anhalt. El resultado refleja el desgaste de los partidos tradicionales y la capacidad de la AfD para convertir el malestar económico, la inseguridad y la frustración migratoria en apoyo electoral. Si el BSW facilita un gobierno de la AfD aunque sea desde fuera, se producirá una normalización histórica de la extrema derecha alemana.

El fenómeno no carece de precedentes en Europa. Italia registró la colaboración entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga de Salvini entre 2018 y 2019, demostrando que el rechazo a las élites, la inmigración y ciertas políticas europeas podían generar cooperación entre fuerzas de tradiciones ideológicas distintas. Eslovaquia incorporó al Partido Nacional Eslovaco en el gobierno de Robert Fico. En Finlandia, el Partido de los Finlandeses participa en el Gobierno junto a fuerzas de centroderecha. En España, VOX gobierna junto al PP en muchas comunidades autónomas. Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia, gobierna desde 2022. En Croacia, el Movimiento Patriótico forma parte del Gobierno. En República Checa, fuerzas de derecha radical y nacional-populista han ganado presencia en la nueva mayoría.

Suecia merece especial atención: los Demócratas de Suecia no son formalmente partido de Gobierno, pero sostienen al Ejecutivo conservador con influencia decisiva, demostrando una fórmula que se extiende —«gobernar sin entrar en el Gobierno»— mediante la cual la extrema derecha condiciona inmigración, seguridad, fiscalidad, energía o política europea sin asumir los costes de la gestión.

A estos casos se suma Hungría, donde Viktor Orbán y Fidesz representan un nacional-populismo radicalizado desde hace años. En otros países —Francia, Alemania, Portugal, España, Austria, Rumanía o Polonia— la derecha radical tiene una influencia electoral muy elevada aunque no forme parte del Gobierno nacional.

Un estudio internacional de 2026 calcula que casi uno de cada cuatro votantes europeos respalda partidos de extrema derecha, una proporción multiplicada por casi cinco desde mediados de los noventa. Más de ciento veinte millones de europeos —más de una cuarta parte— están siendo gobernados por estos partidos. La derecha tradicional y algunos sectores de la socialdemocracia han abrazado posiciones de la derecha más extrema. Partidos europeos de izquierdas como los comunistas de Portugal, Grecia, Chequia o Croacia coinciden con la derecha radical en algunas posiciones sobre migración.

Lo relevante no es solo cuántos gobiernos ocupa la extrema derecha, sino que ha pasado de ser una fuerza aislada mediante cordones sanitarios a un actor capaz de decidir quién gobierna y qué políticas se aplican. Si una fuerza nacida de la izquierda antisistema facilita el acceso de la extrema derecha al poder, podría consolidarse una nueva lógica política europea basada menos en el eje izquierda-derecha y más en la confrontación entre sistema y antisistema.

El fascismo italiano y el nazismo incorporaron a antiguos socialistas y sindicalistas revolucionarios, combinando reivindicaciones sociales radicales con nacionalismo y un discurso obrerista para disputar el voto popular a la izquierda. Ambos movimientos, ya en el poder, destruyeron las organizaciones obreras y se enfrentaron violentamente a la izquierda. La lección histórica reside en que el fascismo ocupó espacios ligados a la izquierda con un discurso contra las élites, la desigualdad y el capitalismo, combinado con nacionalismo y rechazo del extranjero. Hoy reaparece, en contexto muy distinto, una posible zona de convergencia en torno al nacionalismo, el proteccionismo, la crítica a las élites y el rechazo del progresismo cultural.

Las democracias europeas del siglo XX no murieron solo por el asalto frontal de sus enemigos, sino por la erosión paciente de sus defensas, cuando los extremos —por vías y fines distintos— convergían en debilitar lo común.

Desde Canarias, territorio que es a la vez frontera sur de Europa y puente con África e Hispanoamérica, existe una responsabilidad añadida. Las tensiones migratorias, la desinformación y los discursos de emergencia identitaria encuentran aquí terreno fértil para el extremismo. La respuesta no puede ser la resignación ni el simplismo de igualar cualquier crítica al sistema con extremismo, sino firmeza democrática y ejemplaridad institucional. Las administraciones públicas tienen la obligación de demostrar cada día que la democracia liberal funciona: resuelve problemas, rinde cuentas, protege a quien más lo necesita y no deja a nadie fuera del ascensor social.

Vigilar el «rojopardismo» no significa demonizar el debate político legítimo ni cerrar la puerta a la crítica desde la izquierda hacia el orden establecido. Significa no perder de vista que hay líneas rojas que ninguna fuerza política debería cruzar: el respeto a las minorías, la aceptación del pluralismo y la defensa del marco europeo de derechos y libertades. Cuando esas líneas se difuminan por conveniencia táctica, toda la sociedad pierde.