El Gobierno de Canarias envía al Parlamento la actualización de la Ley del Suelo, que prevé un aumento del 40% de suelo para vivienda pública y refuerza la protección territorial.
El Consejo de Gobierno aprobó esta mañana el texto definitivo, resultado de un proceso participativo con más de 700 profesionales. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, dirigida por Manuel Miranda, ha destacado que la ley busca adaptarse a los retos demográficos, de vivienda y climáticos del archipiélago.
Entre las medidas clave, el documento establece un aumento de la reserva de suelo para vivienda pública, pasando del 30% al 40% en suelo urbanizable y del 10% al 20% en suelo urbano consolidado.
El proceso de participación, que duró más de un año, incluyó diecisiete foros y fue mejorado por el Consejo Consultivo para mayor claridad en aspectos como la evaluación ambiental o los planes de renovación de suelos industriales.
La propuesta se centra en cinco ejes: protección territorial con sanciones más duras, agilización del planeamiento, impulso a la vivienda pública, apoyo a municipios con reto demográfico y refuerzo del sector primario.
Entre otras novedades, las sanciones podrán llegar a 600.000 euros y se reducirá un 30% los plazos de tramitación de instrumentos de ordenación. También se facilita el acceso a ayudas para municipios con reto poblacional y se permite la construcción de viviendas unifamiliares en zonas agrícolas vinculadas a actividades reales.
El documento será debatido en el Parlamento de Canarias, aunque los grupos políticos ya disponen del texto desde este verano para su análisis.
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