Sanidad y Fiscalía de Canarias impulsan una línea de trabajo para potenciar la continuidad asistencial.
La Fiscalía de Canarias y el Servicio Canario de la Salud (SCS) han establecido una colaboración para analizar casos de personas con discapacidad que necesiten medidas de apoyo o autorización judicial para su ingreso en centros residenciales.
La directora general del Paciente y Cronicidad del SCS, Rita Tristancho, y la Fiscal Delegada de la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con Discapacidad y Mayores, María Rosa Rubio, mantuvieron un encuentro en la Fiscalía Provincial de Las Palmas.
La reunión incluyó a la jefa del servicio de Atención y Coordinación Sociosanitaria, Dulce Fernández, la técnica de la Dirección General, Eva Hombre, y el abogado fiscal en prácticas, Javier Álvarez.
El objetivo es facilitar la respuesta adecuada a las necesidades de las personas, garantizando la continuidad de los cuidados en el ámbito que corresponda, y mejorar la coordinación entre los ámbitos sanitario, social y jurídico.
Este trabajo se enmarca en la Ley 8/2021, que prioriza la dignidad, los derechos y el respeto a la voluntad de las personas con discapacidad.
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