El TSJC afea a Puertos Canarias por actuar como defensor de Puerto Rico S.A. en litigio del Puerto Deportivo de Puerto Rico, calificando su cambio de postura como «insólito» y reconociendo el derecho del Ayuntamiento de Mogán a intervenir.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha criticado la actuación de Puertos Canarias en el litigio por la prórroga de la concesión del Puerto Deportivo de Puerto Rico, calificando de «insólita» su postura tras la sentencia de primera instancia. La resolución, que analiza los recursos presentados, recuerda que el ente público autonómico defendió inicialmente la legalidad de su actuación administrativa y se opuso a las pretensiones de Puerto Rico S.A., pero posteriormente cuestionó extremos de una resolución favorable.
La Sala destaca que Puertos Canarias debería haber defendido la resolución administrativa dictada por el propio organismo y los argumentos sostenidos durante el procedimiento, pero «atacó un pronunciamiento favorable y pidió un resultado incompatible con la postura procesal sostenida».
El TSJC insiste en que una administración pública debe actuar de forma coherente con los actos y argumentos mantenidos a lo largo del proceso, concluyendo que «esto es lo que no ha hecho en esta alzada la entidad pública Puertos Canarias».
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, considera que la sentencia confirma las dudas del Ayuntamiento desde el inicio del procedimiento. «Esos vaivenes y contradicciones son una muestra evidente de lo ocurrido durante todo este litigio. No es normal que una administración pública defienda una postura, obtenga una sentencia favorable y después intente cuestionar parte de ella», señala.
Para el Consistorio, el pronunciamiento respalda su participación en el expediente, ya que el Ayuntamiento no puede ser considerado un actor ajeno a un asunto con consecuencias directas para el municipio. La sentencia reconoce el interés legítimo de la administración local en un procedimiento que afecta al futuro de una infraestructura estratégica.
La alcaldesa considera que el comportamiento de Puertos Canarias es incompatible con la función que corresponde a una entidad pública. «Lo verdaderamente insólito es que haya tenido que ser el propio TSJC quien le recuerde a Puertos Canarias cuál era su papel en este procedimiento», señala.
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