La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, asegura que el concierto social avanzará con trámites jurídicos rigurosos para garantizar su estabilidad y seguridad jurídica.
Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, reafirmó hoy (viernes 23) que el concierto social y la acción concertada avanzan como una fórmula estable para prestar servicios sociales de responsabilidad pública, descartando cualquier afirmación de inactividad.
Delgado subrayó en el Parlamento de Canarias que se está llevando a cabo una tramitación real, rigurosa y jurídicamente compleja para garantizar que este instrumento de gestión indirecta funcione con total seguridad, estabilidad y calidad desde su entrada en vigor.
El concierto social se articula como un instrumento de gestión indirecta de naturaleza no contractual, diferenciado de un contrato convencional o una subvención anual. Su finalidad es complementar y preservar el sistema público de servicios sociales, no sustituirlo ni privatizarlo.
«No buscamos aprobar deprisa una norma únicamente para anunciarla: buscamos aprobar una regulación aplicable, financieramente sostenible y jurídicamente segura que convierta el concierto social en una herramienta efectiva al servicio de las personas», destacó durante su intervención.
Entre las claves del marco regulador en desarrollo destacan dos expedientes en tramitación. El primero es un expediente general para modificar el Decreto 144/2021, mientras que el otro es un expediente específico de la Dirección General de Servicios Sociales, que ya se encuentra en su fase final tras haber superado los trámites administrativos clave, incluido el informe de la Oficina Jurídica del Gobierno.
El concierto social tendrá suficiencia económica y cobertura de costes, previniendo estudios previos de costes para cubrir los gastos salariales, de Seguridad Social y de funcionamiento sin incorporar beneficio industrial, contando con mecanismos de revisión ante cambios en convenios colectivos.
Además, las convocatorias priorizarán el arraigo de la persona en su entorno para evitar desplazamientos a otros municipios o islas, acercando la prestación al entorno familiar y comunitario.
A través del nuevo documento, la Administración continuará gestionando el acceso y las listas de espera. Así, se establece explícitamente que las personas usuarias no sufrirán interrupciones en la atención ante la finalización o extinción de un concierto.
Asimismo, se promoverá una relación plurianual y evaluable sujeta a requisitos de solvencia, acreditación, transparencia, auditorías y seguimiento técnico, incorporando la evaluación directa de las personas usuarias y sus familias.
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