Canarias acudirá a la vía judicial para exigir que el Estado asuma el triaje de los menores migrantes

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo autonómico continuará la vía judicial para exigir que el Estado asuma el triaje de los menores migrantes, tras constatar la falta de acuerdo sobre este procedimiento regulado en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El anuncio se produjo tras una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la que también participaron el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y la secretaria técnica general, Ángeles Bogas, para tratar el proceso de regulación y el sistema de acogida ministerial en las islas.

Delgado explicó que el encuentro no logró avances sobre la asignación del triaje durante el control fronterizo. «El triaje es competencia del Estado. El Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que debe realizarlo la Administración del Estado miembro competente en la frontera exterior y, en España, esa competencia no ha sido delegada a las comunidades autónomas», remarcó la consejera, aludiendo también al artículo 172.1 del Código Civil.

La responsable autonómica aclaró que Canarias no se niega a cooperar, pero defendió que dicha colaboración debe definirse y acordarse con anterioridad para precisar funciones y medios. Asimismo, Delgado descartó que el asunto se reduzca a una cuestión financiera, señalando que el Decreto-ley autonómico ya contempla que el Estado asuma los gastos derivados de la atención a los menores mientras se mantenga la contingencia migratoria.

Por otro lado, la consejera demandó que se concrete el perfil y las funciones de la figura del defensor del menor contemplada en el triaje europeo, destinada a salvaguardar sus derechos durante el proceso antes de la asignación de tutela o guarda.

Ante la falta de consenso, Delgado detalló que, tras presentar un primer informe ante la Delegación del Gobierno, el siguiente paso consistirá en remitir un requerimiento formal al Estado y, en caso necesario, elevar el asunto ante el Tribunal Supremo. Además, advirtió del aumento de menores y la saturación de los recursos de acogida en el archipiélago, recordando que las disposiciones comunitarias son de obligado cumplimiento desde el pasado 12 de junio.

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