El Parlamento de Canarias ha convalidado el Decreto-ley 5/2026, de 27 de julio, una norma orientada a flexibilizar la gestión en dependencia y servicios sociales, además de introducir ajustes tributarios y adaptar la ejecución de los fondos europeos Next Generation.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, expuso durante la sesión que las modificaciones buscan adecuar la normativa a la realidad para evitar que las rigideces administrativas perjudiquen el interés general.
En el área de servicios sociales, la Consejería ultima el nuevo Decreto de acreditación de centros y servicios sociales, texto que ya ha pasado por el Consejo General de Servicios Sociales. Su finalidad es modernizar y agilizar la incorporación de recursos al sistema público sin reducir las exigencias de calidad ni las facultades de inspección, control y sanción.
Delgado detalló que en la actualidad cerca del 60 % de los centros y servicios incluidos en los convenios de dependencia con los cabildos están pendientes de acreditación, una situación derivada de dificultades administrativas acumuladas que no supone un funcionamiento irregular ni una falta de condiciones adecuadas.
En el ámbito fiscal, el Decreto-ley incorpora el aceite vegetal hidrogenado en el tratamiento tributario de combustibles con biocarburantes, mantiene el tipo reducido del 0,1 % en Actos Jurídicos Documentados para sociedades de garantía recíproca eliminando el requisito de domicilio en Canarias y establece un tipo cero en el AIEM para la importación de dióxido de carbono hasta el 31 de marzo de 2027 ante el cese de la producción local.
Por último, en relación con los fondos Next Generation, la regulación adapta los preceptos presupuestarios a la ampliación de plazos para proyectos que continuarán más allá de 2026, manteniendo las obligaciones y controles fijados para la ejecución de estos recursos comunitarios.
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