El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este miércoles en el Parlamento autonómico la necesidad de mantener la negociación con el Estado para desatascar temas prioritarios para las islas, tras la reciente autorización del superávit y las partidas para La Palma.
Durante la sesión de control, el titular del Ejecutivo autonómico aseguró que estos avances «no marcan el final del camino» y anunció una reunión a finales de mes con el ministro de Hacienda para abordar materias contempladas en el Estatuto de Autonomía, la Agenda Canaria y los Presupuestos prorrogados desde 2023, que justifican la aprobación de un Decreto Canarias específico.
Clavijo señaló que el Gobierno regional continuará trabajando para alcanzar soluciones y sacar adelante las cuentas públicas de 2027, las últimas de la presente legislatura. Entre las prioridades para los próximos meses, fijó la aprobación del Fondo de Desarrollo de Canarias destinado a vivienda y servicios sociosanitarios, la cogestión de los aeropuertos y el blindaje de la condición de Región Ultraperiférica (RUP) en el Marco Financiero plurianual de la Unión Europea, frente a factores externos como la inflación en el transporte, combustibles e insumos.
En su balance, el presidente destacó que Canarias crece económicamente por encima de la media estatal, mejora la distribución de la riqueza turística, disminuye el paro juvenil e incrementa los autónomos, sumado a avances en Dependencia, Sanidad, Discapacidad y Educación fruto de los consensos con cabildos (FECAI), ayuntamientos (FECAM), agentes sociales y universidades.
Por último, Clavijo analizó la situación migratoria tras los episodios en Ceuta e instó a España y a la Unión Europea a realizar una reflexión profunda sobre la aplicación del nuevo reglamento de migración y asilo. El presidente calificó de «indolente» y de «evidente dejadez» la actitud del Estado ante los territorios frontera, expresó su inquietud por el previsible incremento de pateras hacia Canarias con la mejoría marítima y exigió diferenciar competencias para que el triaje estatal no recaiga exclusivamente en las regiones limítrofes.






