El Gobierno de Canarias afirma que el informe de la CNMC avala sus medidas para agilizar la producción de vivienda

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha afirmado en el Parlamento de Canarias que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre transformación urbanística de suelo confirma el diagnóstico y las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico desde 2024 para agilizar la producción de vivienda y ampliar la oferta residencial.

Rodríguez ha defendido que la respuesta a la emergencia habitacional requiere una política transversal que actúe sobre todas las circunstancias que condicionan el acceso al inmueble, sin ceñirse exclusivamente a la tipología pública, protegida o libre. Según ha explicado, el estudio de la CNMC coincide con las deficiencias identificadas previamente por el Gobierno regional, tales como un planeamiento rígido, demoras en la concesión de licencias y exceso de trámites administrativos que encarecen el precio final.

El consejero ha recordado la puesta en marcha de herramientas normativas como el Decreto Ley 1/2024 de emergencia habitacional, el Decreto Ley 3/2025 y la posterior Ley 7/2026, orientadas a la transformación de suelo y edificaciones y a la agilización de licencias. Estas iniciativas coinciden con las recomendaciones de la CNMC relativas a simplificar el marco urbanístico, facilitar la regeneración y sustituir licencias por declaraciones responsables o comunicaciones previas cuando resulte viable.

En el ámbito de la producción, Rodríguez ha expuesto que, tras una década con una media de 1.000 viviendas anuales, en 2024 se superaron las 4.000 en producción y en 2025 se alcanzaron más de 5.000 unidades, según informes independientes. Aunque ha reconocido que los datos no son suficientes frente a los registros previos a 2008 (cuando se alcanzaban unas 35.000 anuales), ha marcado como objetivo que el Archipiélago alcance una producción de 10.000 viviendas al año para cubrir la demanda actual.

Asimismo, ha aludido a los datos del Observatorio Canario de la Vivienda, que constatan la existencia de suelo disponible suficiente en las siete islas analizadas, advirtiendo de que el obstáculo radica en las dilaciones temporales de los procedimientos de transformación y edificación.

Para reducir plazos y responder a la falta de mano de obra especializada, el futuro Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030 integrará incentivos a la construcción industrializada a través de su Eje 4, tras cerrar el 30 de julio su fase de participación. En este contexto, la empresa pública VISOCAN tramita la licitación de dos proyectos piloto con 88 viviendas protegidas industrializadas: 52 en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y 36 en San Sebastián de La Gomera (La Gomera).

Por último, el consejero ha reclamado la preservación de la oferta residencial en áreas tensionadas y ha señalado la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de suspender la aplicación de los preceptos del Decreto Ley 1/2024 —que facilitaban el cambio de uso de locales y oficinas a vivienda con un 50% de reserva protegida, acumulando más de veinte solicitudes en mes y medio— frente a autorizaciones para transformar edificios completos en establecimientos hoteleros.