El Ayuntamiento de Mogán encargará un informe técnico independiente para fundamentar las alegaciones que presentará contra el proyecto de instalación de jaulas marinas de acuicultura en La Aldea de San Nicolás, en un trámite coordinado con el consistorio aldeano ante el procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del Gobierno de Canarias.
La administración moganera fundamenta su rechazo en los posibles riesgos para el ecosistema marino y la afección directa a las costas de los municipios colindantes. La alcaldesa, Onalia Bueno, destacó que el análisis técnico permitirá sustentar formalmente sus observaciones: «Solicitaremos un informe externo para presentar alegaciones al proyecto de acuicultura que se va a llevar a cabo en La Aldea».
Bueno recordó que ambos ayuntamientos limítrofes acudieron a la reciente movilización ciudadana en La Aldea de San Nicolás, que congregó a un millar de personas en contra de las instalaciones.
La regidora cuestionó con dureza el papel del Cabildo de Gran Canaria, señalando que la moción de rechazo aprobada por unanimidad en el pleno insular el pasado 26 de junio llegó tarde y sin efectos jurídicos. Según Bueno, «el acuerdo plenario quedó en una mera escenificación de rechazo, sin capacidad para modificar el planeamiento ni paralizar jurídicamente el expediente».
En este sentido, la alcaldesa reprochó a la corporación insular no haber presentado alegaciones durante la tramitación del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC): «Todo esto se hubiera evitado si cuando el Gobierno de Canarias presentó el Plan Territorial de acuicultura para el archipiélago, el Cabildo grancanario hubiese realizado alegaciones, quizás estaríamos ahora en un escenario distinto. Dejó de proteger todo lo que es la costa de Gran Canaria».
Bueno argumentó que esa omisión traslada la carga de defensa a los municipios: «Los ayuntamientos limítrofes y algunas asociaciones ecologistas nos vemos ahora en la tesitura de presentar informes para intentar evitar que esa planta se coloque en La Aldea de San Nicolás».
Desde el consistorio se alude además al precedente de las jaulas marinas de Salinetas, en Telde, cuyos vertidos alcanzaron el litoral moganero el año pasado. La regidora incidió en que Mogán «vive del turismo» y cualquier incidente similar amenazaría su economía local.
Asimismo, Bueno criticó el modelo de explotación de estas instalaciones al afirmar que se trata de «un negocio de multinacionales que vienen a instalarse aquí en Gran Canaria, porque así la ley se lo permite, pero que al final esa riqueza, esos ingresos, no se quedan en Canarias, sino que se van fuera, mientras nosotros ponemos en riesgo el ecosistema de las islas».
La mandataria reconoció que las alegaciones no garantizan la cancelación definitiva si la promotora cumple los requisitos autonómicos, pero defendió la necesidad de intervenir antes de que concluya el plazo legal para salvaguardar el litoral y frenar una actividad que, según concluyó, genera más pérdidas que beneficios para el medio ambiente y la economía insular.






